El proceso de reubicación de miles de sobrevivientes de la erupción del volcán Semeru en la regencia de Lumajang, Java Oriental, destaca ahora otra faceta que rara vez se revela: el surgimiento de conflictos sociales entre los refugiados y la comunidad de acogida. Este fenómeno es impulsado por políticas de gestión posdesastre que no han anticipado plenamente el impacto a largo plazo en la estabilidad económica y social de las zonas receptoras.
Una investigación profunda sobre la reubicación de 10.655 refugiados a áreas forestales estatales en la aldea de Sumbermujur muestra fricciones graves respecto al uso de la tierra. Las comunidades locales se sienten perjudicadas por haber perdido el acceso a tierras de cultivo productivas que habían sido gestionadas de generación en generación, mientras que la compensación otorgada por el gobierno se considera insuficiente para restaurar sus medios de vida perdidos.
Las tensiones se agudizan aún más debido a las diferencias de opinión sobre la responsabilidad colectiva. Los refugiados que se niegan a pagar las tarifas de servicios públicos como la electricidad y el agua, al considerarlos un derecho básico de la ayuda humanitaria, han generado antipatía entre los residentes locales. Esta situación crea una marginación económica que obliga a algunos refugiados a regresar a zonas de alto peligro como mineros de arena para poder subsistir.
La falta de un marco legal nacional integral sobre los derechos de los desplazados internos complica aún más la situación. Se considera que la Ley Número 24 de 2007 no responde a los desafíos de la transferencia de propiedad de la tierra y la protección social de los ciudadanos que perdieron su identidad administrativa debido al desastre. Como resultado, el acceso a los servicios de salud y educación para los refugiados a menudo se ve obstaculizado.
Los expertos recomiendan al gobierno llevar a cabo de inmediato reformas de políticas más participativas y adaptativas. Se requieren normas técnicas que garanticen la seguridad jurídica sobre los derechos de la tierra, así como mecanismos de mediación de conflictos que involucren a todas las partes afectadas. Aprendiendo del caso de Semeru, la futura gestión de desastres debe integrar los aspectos del desarrollo físico con la restauración de las relaciones sociales para evitar generar nuevas vulnerabilidades en medio de un cambio climático cada vez más errático.
