El juicio por el presunto caso de corrupción en el presupuesto de publicación en medios del Departamento de Comunicación, Informática y Encriptación (Kominsa) de la Regencia de Simeulue, llevado a cabo en el Tribunal de Corrupción de Banda Aceh, sacó a la luz un hecho crucial. En su declaración, un perito de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) admitió abiertamente que carecía de competencia o comprensión profunda sobre los mecanismos del negocio publicitario en la industria de los medios.

El perito explicó que el cálculo de las pérdidas estatales que elaboró se basó en referencias de un experto del Instituto de Política de Contratación Pública de Bienes y Servicios (LKPP). Además, confirmó haber examinado documentos como facturas y memorandos de entendimiento (MoU) pertenecientes a PT Gumpalan Media Perkasa en el expediente del caso revisado.

En respuesta a esta confesión, Muhammad Zubir, abogado del acusado Kadri Amin de la firma de abogados EMZED and Partner Law Firm, enfatizó que este punto constituye una nota crucial para el panel de jueces. Según él, las dudas sobre la competencia del experto para comprender el objeto del caso hacen que el cálculo de las pérdidas estatales que sirve de base para la acusación deba ser reexaminado de manera más cuidadosa y objetiva.

Además, Zubir planteó sospechas de indicios de criminalización detrás de este caso. Explicó que el caso supuestamente se origina en un conflicto interno relacionado con la distribución del presupuesto de publicación en la Oficina de Kominsa Simeulue, ocurrido mucho antes de que comenzara el proceso legal. Según él, existe una correlación entre dicha disputa y la presión para presentar denuncias legales que posteriormente criminalizaron a su cliente.

Para contextualizar, PT Gumpalan Media Perkasa, como empresa de prensa que alberga a Gumpalannews.com, cuenta con legalidad oficial del Ministerio de Leyes y Derechos Humanos y está dirigida por un periodista certificado en la categoría Principal. La defensa enfatizó que continuará supervisando el proceso judicial para demostrar que este caso no es puramente una aplicación de la ley contra actos de corrupción.