La Delegación de la Asamblea Nacional de la Ciudad Ho Chi Minh celebró recientemente una conferencia estratégica para recabar opiniones sobre la revisión de varias leyes cruciales, que abarcan las regulaciones del Banco del Estado, el sector bancario, el blanqueo de capitales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Esta reunión representa un momento clave en los esfuerzos del gobierno por eliminar los obstáculos institucionales que tradicionalmente han limitado a los empresarios sobre el terreno.

El subjefe de la Delegación de la Asamblea Nacional, Vo Hoang Ngan, enfatizó que la sincronización de las leyes con las realidades prácticas es fundamental para mejorar el ecosistema empresarial nacional. Destacó la importancia de reestructurar el aparato administrativo para que el sistema de gestión estatal funcione con mayor eficiencia, al tiempo que se refuerza la capacidad de aplicación de la ley para garantizar la certidumbre jurídica a inversores y empresarios.

Se prestó especial atención a la complejidad de la clasificación de las PYME, que se considera una carga para los empresarios. Dado que las PYME representan el 97% del total de las entidades comerciales, los expertos propusieron cambiar el enfoque de las políticas, pasando de un modelo administrativo-burocrático a uno más inclusivo y general. Se espera que esta medida reduzca los costes de cumplimiento que han obstaculizado la aplicación efectiva de las políticas de apoyo en el sector real.

En el ámbito financiero y bancario, los delegados señalaron aspectos clave sobre la prevención de riesgos. Entre ellos, el llamado a incluir las transacciones de activos de gran valor dentro del marco legal contra el blanqueo de capitales. Además, se sugirió que los bancos comerciales amplíen sus servicios de gestión de garantías a todos los bonos corporativos, tanto de emisión privada como pública, con el fin de brindar una protección óptima a los inversores.

Se espera que todas las aportaciones recogidas en este foro constituyan una base sólida para la elaboración de normativas más transparentes y aplicables. Al simplificar los mecanismos de los trámites, el gobierno se muestra optimista sobre su capacidad para crear un entorno empresarial competitivo y responder con mayor agilidad y eficacia a las necesidades del desarrollo económico nacional.