La caminata llevada a cabo por unos 200 residentes en la ruta de Selo, Boyolali, el pasado martes (30/6/2026), generó un intenso debate en las redes sociales. En medio del estado de Alerta del Monte Merapi que sigue vigente, esta acción comunitaria fue considerada por algunos sectores como un acto temerario que ignora las medidas de seguridad.

El activista local de senderismo, Lahar, reveló que la acción fue un ensayo general de los vecinos para impulsar la reapertura independiente de la ruta de senderismo. Según él, los residentes de Selo anhelan certeza regulatoria para administrar oficialmente el trayecto y, al mismo tiempo, brindar educación sobre mitigación de desastres a los montañistas para evitar daños a las instalaciones y minimizar el riesgo de extravío.

Detrás de estas exigencias existe una presión económica sobre unas 200 familias de Selo que, durante los últimos ocho años, han perdido su principal medio de vida debido al cierre de las rutas de senderismo. Los vecinos esperan que el gobierno ofrezca una solución, como permisos de ascenso limitados o 'soft-trekking' hasta cierto punto, para reactivar la economía local que ha quedado paralizada.

En respuesta a ello, el director del BPPTKG, Agus Budi Santoso, enfatizó que el Monte Merapi se encuentra actualmente en una fase de erupción efusiva que en cualquier momento podría convertirse en una erupción explosiva. La expulsión de material volcánico puede alcanzar un radio de 3 kilómetros, lo que abarca las rutas de ascenso, por lo que el estado de Alerta exige que la zona permanezca libre de actividad humana.

En la misma línea, el director del Parque Nacional del Monte Merapi, T Heri Wibowo, declaró que su institución no puede recomendar la apertura de las rutas, incluso para actividades de soft-trekking, debido a que todos los accesos en la zona se encuentran dentro del radio de peligro. La administración del parque también está reforzando la vigilancia e imponiendo desde sanciones sociales hasta penales para los senderistas ilegales que insistan en entrar a la zona prohibida.

Como medida para mitigar el impacto económico, las autoridades del parque señalaron que continúan impulsando a los vecinos a migrar hacia otros sectores productivos, como el procesamiento de abono orgánico para ganaderos, con el fin de garantizar la sostenibilidad económica de la comunidad mientras las actividades de senderismo permanezcan cerradas.