El Ministerio de Salud (Kemenkes) de la República de Indonesia finalmente se ha pronunciado sobre los resultados de la investigación interna relacionada con el fallecimiento de la Dra. Icha. La Directora General de Recursos Humanos de Salud, Yuli Farianti, reveló que se encontraron indicios de violencia verbal e intimidación por parte de ciertos miembros de la comunidad hacia la fallecida durante el desempeño de sus labores médicas.

A pesar de que la investigación interna ha concluido, el Ministerio de Salud decidió no revelar los detalles de los resultados al público. Yuli enfatizó que todos los hallazgos serán entregados en su totalidad a la policía para apoyar el proceso de investigación en curso.

Respecto a los aspectos clínicos, el Ministerio de Salud aseguró que el manejo del caso de la mordedura de serpiente realizado por el Hospital General Regional (RSUD) de Kefamenanu y el Hospital Leona se ajustó a los Procedimientos Operativos Estándar (SOP). Yuli subrayó que la administración del Suero Antiofídico (SABU) no se puede realizar de forma indiscriminada a todos los pacientes, sino que debe pasar por rigurosas etapas de evaluación de indicaciones médicas por la seguridad del paciente.

Asimismo, el Ministerio de Salud señaló la existencia de una brecha de coordinación significativa entre los centros de atención médica, la Oficina de Salud y el Gobierno Local. La debilidad del sistema de apoyo a nivel regional se considera un factor obstaculizador para brindar protección e intervención rápida al personal de salud en servicio de campo.

Como medida preventiva, el Director General de Salud Avanzada, Azhar Jaya, instrujo a la gerencia de todos los hospitales a reforzar la seguridad y garantizar la protección del personal médico en el entorno laboral, especialmente en la Unidad de Urgencias. El Ministerio de Salud también recordó a la población que el personal sanitario tiene el derecho legal de suspender los servicios si se siente amenazado, tal como lo establecen la Ley de Salud y sus normas reglamentarias. Cualquier acto de intimidación o violencia contra el personal de salud no solo se procesará a través de las regulaciones sanitarias, sino también por la vía penal.