El programa de Cooperativas Rurales/Urbanas Rojo y Blanco (KDKMP), promocionado como el motor de la economía popular, enfrenta ahora una amarga realidad. En varias regiones, los puntos de venta de estas cooperativas registran un volumen de ventas diario mínimo, e incluso no es raro encontrar unidades que no registran transacción alguna. Este fenómeno plantea grandes interrogantes sobre la urgencia y efectividad del modelo de negocio implementado por el gobierno central.
Los resultados de una investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) muestran una correlación preocupante entre los niveles de pobreza rural y el rendimiento de las cooperativas. Cuanto más bajo es el nivel económico de una región, más aletargada es la actividad de KDKMP en el lugar. Esto se ve agravado por las condiciones demográficas rurales, que han perdido a gran parte de la población en edad productiva, por lo que la ausencia de actores impulsores locales convierte a la cooperativa en una entidad ajena e irrelevante para las necesidades de los residentes.
Estructuralmente, la KDKMP se encuentra atrapada entre dos fuerzas de mercado profundamente arraigadas. En el sector primario, los agricultores siguen dependiendo en gran medida de las redes de intermediarios que proporcionan capital de siembra y compran las cosechas. Mientras tanto, en el sector minorista, la agresiva expansión de minimercados franquiciados que ofrecen comodidad y eficiencia de precios ha erosionado la clientela potencial. Se considera que la estrategia ejecutada por la cooperativa ha fallado en romper este muro competitivo debido a la falta de flexibilidad socioeconómica.
Las duras críticas de académicos y organizaciones de la sociedad civil destacan el enfoque top-down o centralista en el diseño de este programa. La toma de decisiones estratégicas, desde la designación de administradores hasta el diseño físico de los edificios, se controla totalmente desde el centro sin tomar en cuenta las aspiraciones de los habitantes rurales como sujetos económicos. Se considera que esta situación ahoga el espíritu de la democracia económica y el principio de fraternidad que deberían ser la esencia principal de las cooperativas según la constitución.
Además de los habituales problemas de gestión y conflictos laborales, también ha salido a la luz la polémica sobre el uso de los fondos municipales. Con una asignación que alcanza los 34,57 billones de rupias, se acusa al programa de agotar el espacio fiscal autónomo de los pueblos, el cual debería utilizarse para el desarrollo de infraestructuras básicas. Sin una adecuada transparencia de datos y un cambio hacia una estrategia más participativa, la gigantesca inversión en la KDKMP corre el riesgo de convertirse en una carga fiscal prolongada que no aporta valor añadido a la economía rural.