El Centro de Estudios Anticorrupción (Saksi) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mulawarman (Unmul) organizó un debate público sobre el tema crucial de la militarización de la tecnología digital. El debate, titulado 'La militarización tecnológica en la intersección de la ley y los derechos humanos', destacó el cambio en el gasto militar global y nacional, que ahora comienza a enfocarse en la tecnología de cibervigilancia.

La investigadora del Instituto de Investigación y Defensa Social (Elsam), Kezia Khatwani, advirtió que el uso de tecnología avanzada por parte de los militares ya no se limita a los campos de batalla convencionales. Existe una gran preocupación de que estas tecnologías de vigilancia se utilicen indebidamente para vigilar a los civiles, desdibujando la línea entre el ámbito de la defensa nacional y el derecho a la privacidad individual. Kezia citó como ejemplo el uso de inteligencia artificial y tecnología de identificación facial en operaciones militares en zonas de conflicto como Palestina.

En el contexto de Indonesia, Gina Sabrina, de Raksha Initiative, reveló indicios del uso de tecnología avanzada de vigilancia extranjera, incluido el polémico spyware Pegasus desarrollado por NSO Group. Esta herramienta de espionaje es capaz de hackear y tomar el control de los dispositivos sin requerir ninguna interacción o clic por parte de la víctima. Una vez infectado, el sistema puede acceder ilegalmente al micrófono, la cámara e incluso al historial de datos personales.

Desafortunadamente, la adopción de esta tecnología de defensa avanzada no se ha visto respaldada por regulaciones nacionales adecuadas para prevenir el abuso de poder. Gina comparó esto con las regulaciones en Europa, como en el Reino Unido, donde el gobierno está obligado a notificar a los ciudadanos una vez finalizado el período de vigilancia. En Indonesia, la exención de los derechos de privacidad en nombre de los 'intereses de la defensa nacional' en la Ley de Protección de Datos Personales (PDP) tiene el potencial de convertirse en un artículo elástico que perjudica los derechos legales de los ciudadanos.

Por otro lado, la presidenta de Saksi FH Unmul, Orin Gusta Andini, destacó la vulnerabilidad a la corrupción en el proceso de adquisición de dicha tecnología militar. Refiriéndose a las regulaciones vigentes, las adquisiciones en el sector de defensa se pueden realizar a puerta cerrada sin un mecanismo de licitación pública. Esto amplía la brecha para las prácticas de soborno y el abuso presupuestario bajo el pretexto del secreto de Estado. Orin instó a que las evaluaciones presupuestarias y los resultados de las auditorías de defensa se mantengan abiertos y transparentes al público en aras de la rendición de cuentas legal.