El gobierno de Indonesia está promoviendo activamente el Valor Económico del Carbono (NEK) como estrategia clave para responder a los desafíos de la crisis climática global. Sin embargo, esta gran ambición ha cosechado duras críticas de diversos sectores de la sociedad civil. Forest Watch Indonesia (FWI) señala que, en medio de la narrativa de la salvación climática, la deforestación en el país continúa, con una pérdida total de 2,7 millones de hectáreas de bosques naturales durante el período de 2020 a 2024.

La principal crítica surge de los indicios de 'lavado de pecados' o greenwashing por parte de las corporaciones. Los datos muestran que la mayoría de las empresas que poseen permisos de explotación forestal bajo el esquema del negocio del carbono son actores antiguos con un historial ambiental deficiente. Tsabit Khairul Auni, de FWI, califica este fenómeno como un acto de 'subirse al carro' o FOMO (miedo a perderse algo) por parte de magnates que, a pesar de tener una gran carga de emisiones, ahora reciben una alfombra roja para controlar concesiones de carbono.

El problema se complica aún más por el bajo precio de los créditos de carbono en Indonesia, que oscila entre 30.000 y 58.800 rupias por tonelada. Se teme que este precio, muy inferior a los estándares internacionales, haga que las corporaciones prefieran comprar créditos de carbono como un atajo en lugar de realizar una transición hacia tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Esto crea una paradoja en la que las empresas que históricamente han contribuido a la destrucción de los bosques se benefician financieramente del comercio de emisiones.

Además de las amenazas ambientales, el aspecto de la justicia social es objeto de una atención crucial. FWI descubrió una superposición de tierras de 1,9 millones de hectáreas entre territorios indígenas y proyectos de carbono. Muchas comunidades locales no reciben la información adecuada, lo que en el término local se conoce como 'jualan angin' (vender viento/humo), a pesar de que su acceso a los bosques está restringido para conservar las reservas de carbono. Esta práctica genera temor de que se produzca un acaparamiento masivo de tierras (land grabbing) en varias regiones, como en Kalimantán y las islas Aru.

Por otro lado, el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, insiste en que se ha preparado el Sistema de Registro de Unidades de Carbono (SRUK) para garantizar la transparencia de los datos. Wahyu Marjaka, del ministerio, afirmó que la justicia climática y los mecanismos de distribución de beneficios para las comunidades locales son prioridades en el marco regulatorio que se está finalizando. Sin embargo, expertos como Riko Wahyudi, del RCCC-UI, advierten que el mercado de carbono solo debe verse como un instrumento de financiación, no como una solución única de mitigación. Sin una sólida integridad de los datos y una sincronización de las políticas, las declaraciones de carbono de Indonesia corren el riesgo de no ser reconocidas por la comunidad internacional.