Ante la próxima aplicación del pago obligatorio de regalías musicales el 1 de julio de 2026, los propietarios de negocios del sector gastronómico y de entretenimiento, como cafeterías, restaurantes y salas de karaoke, se encuentran sumidos en la incertidumbre. La nueva regulación, que exige el pago de derechos de autor al reproducir música para los clientes, ha generado preocupación debido a lo que consideran una falta de difusión adecuada.
Muchos pequeños empresarios afirman no haber recibido aún guías operativas sobre los mecanismos de pago, las entidades autorizadas para la recaudación o la diferencia entre el uso de cuentas personales y comerciales. Esta desinformación se ve agravada por la inquietud ante la fórmula de cálculo de las regalías, que utiliza como variable el salario base multiplicado por un factor de ajuste según la superficie del establecimiento.
Por otro lado, los dueños de negocios critican el uso de la superficie del local como criterio principal para las tarifas. Argumentan que este cálculo es injusto ya que incluye áreas no operativas, como almacenes o baños, que no contribuyen a la experiencia musical del cliente. Además, las difíciles condiciones económicas actuales hacen que este coste adicional suponga una carga considerable para la liquidez de las empresas.
En contraste, expertos legales sostienen que la fórmula fue diseñada de manera objetiva para garantizar la equidad. El abogado Phan Vu Tuan explicó que la estructura de tarifas se diferencia según la escala del negocio y la clasificación regional. Por ejemplo, los pequeños comercios de menos de 15 metros cuadrados tienen una carga de regalías mucho menor en comparación con los grandes restaurantes, manteniendo así la proporcionalidad según la rentabilidad de cada entidad.
Hasta el momento, los empresarios continúan instando al gobierno a que proporcione urgentemente mecanismos de aplicación transparentes, paquetes de tarifas más flexibles y una hoja de ruta clara para su implementación. Esperan que exista una sincronización de datos entre los gestores de derechos de autor y explotación musical para evitar la duplicidad de obligaciones en aquellos propietarios que ya cumplen con los pagos.
