La Comisión XII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR RI) facilitó oficialmente una Audiencia Pública entre los residentes de Tamalanrea, Makasar, agrupados en el Movimiento Popular de Rechazo a la Ubicación de la Planta PLTSa (GERAM PLTSa), el Gobierno Municipal de Makasar y las instituciones pertinentes. La reunión fue crucial para abordar la resistencia vecinal al proyecto de Tratamiento de Residuos para la Generación de Energía Eléctrica (PSEL), cuya construcción está prevista en una zona residencial de alta densidad.
Durante el foro, los representantes vecinales aclararon que su objeción no se dirige contra la innovación en la gestión de residuos, sino contra la elección de una ubicación considerada del todo inadecuada. El terreno previsto está a tan solo un metro de las viviendas y colinda directamente con escuelas y centros de salud. La ausencia de una participación significativa en el proceso de concesión de licencias fue uno de los principales aspectos destacados por la comunidad y el equipo de defensa legal.
Además de los problemas sociales, la audiencia sacó a la luz presuntas irregularidades administrativas en materia de ordenación del territorio. Se detectó una inconsistencia cronológica entre la emisión de la Aprobación de Conformidad para la Utilización del Espacio (PKKPR) en mayo de 2024 y la delimitación de la ubicación en el Plan de Ordenación Territorial (RTRW) de Makasar, aprobado en diciembre de 2024. La organización WALHI de Célebes del Sur lamentó asimismo la falta de transparencia sobre los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (AMDAL), que siguen sin estar a disposición del público afectado.
En el ámbito de la salud, preocupa la emisión de contaminantes peligrosos como dioxinas y furanos, especialmente teniendo en cuenta el predominio de residuos orgánicos en Makasar, los cuales corren el riesgo de no quemarse por completo si la temperatura del incinerador es inestable. Syamsinar, representante de los vecinos, subrayó que la salud de los niños y adultos mayores de Kampung Mula Baru y alrededores no debe sacrificarse por un desarrollo de infraestructuras que ignora la seguridad pública.
En respuesta a estas peticiones, la Comisión XII prometió hacer un seguimiento del descontento ciudadano mediante una visita de trabajo sobre el terreno. La presidencia de la reunión sugirió incluso la reubicación como la solución más realista para resolver el conflicto. Un total de 1.573 firmas de residentes se entregaron al parlamento como respaldo formal a sus demandas, reclamando al mismo tiempo su derecho constitucional a un medio ambiente sano.
