La polémica sobre las fantásticas ganancias de hasta 2 billones de rupias obtenidas por las empresas arroceras en poco tiempo ha desatado una fuerte reacción en el parlamento. La facción del Partido de la Justicia Próspera (PKS) enfatizó la importancia de la presencia del Estado para reorganizar el sector alimentario y favorecer el bienestar de los agricultores locales.
El miembro de la Comisión IV de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR RI) por la facción del PKS, Riyono Caping, destacó la evidente desigualdad en la cadena de suministro de alimentos a nivel nacional. Según él, los agricultores asumen casi el 90 por ciento de los riesgos en el sector primario al producir arroz con cáscara, mientras que las abundantes ganancias en el sector secundario son disfrutadas por otras partes.
Haciendo referencia a la Ley Número 19 de 2013 sobre la Protección de los Agricultores, Riyono recordó que mejorar el nivel de vida de los agricultores es el objetivo definitivo de todo el proceso agrícola nacional. Subrayó que los márgenes de beneficio obtenidos por los agricultores deben ser proporcionales a su esfuerzo y al capital de trabajo invertido.
El tema de los beneficios del negocio del arroz, valorados en billones de rupias, se considera un atentado contra la justicia social. Por ello, la facción del PKS insta a la Cámara de Representantes (DPR) a completar rápidamente la revisión de la Ley de Alimentos Número 18 de 2012, que actualmente es una iniciativa legislativa, para que la gobernanza alimentaria nacional pueda estructurarse de manera integral.
Esta mejora regulatoria se considera urgente no solo para el arroz, sino también para los otros nueve alimentos básicos esenciales. Con normas sólidas y vinculantes, se espera que el Estado pueda crear un ecosistema alimentario saludable, donde los agricultores prosperen, las empresas cumplan las normas y la ciudadanía acceda a precios asequibles.
