Una investigación en profundidad publicada en BMJ Tobacco Control destaca la implicación de la red de Cámaras de Comercio de EE. UU. (AmChams) en varios países para promover los intereses de la industria tabacalera. Se considera que esta práctica genera obstáculos significativos para que los gobiernos apliquen regulaciones estrictas de salud pública, especialmente sobre el control de los cigarrillos electrónicos.

En Bulgaria, los esfuerzos del parlamento por prohibir totalmente los cigarrillos electrónicos tras un trágico incidente de salud que involucró a adolescentes fueron frenados con éxito por la intervención de la AmCham local. Argumentaron que la prohibición impulsaría el mercado negro y perjudicaría los ingresos fiscales. Como resultado, la legislación aprobada fue más laxa, permitiendo aún la circulación de vapeadores recargables producidos por empresas afiliadas a dicha organización empresarial.

Una investigación del Centro Global para el Buen Gobierno en el Control del Tabaco muestra que de las 103 filiales de AmCham examinadas, 80 cuentan con empresas tabacaleras entre sus miembros. Muchas incluso sitúan a ejecutivos de la industria del tabaco en puestos estratégicos. Esto otorga una legitimidad semioficial a las tabacaleras para influir en las políticas públicas, a menudo bajo el pretexto de la defensa económica o iniciativas ambientales.

Los métodos empleados incluyen el cabildeo legislativo, el uso de datos de estudios de mercado sesgados para oponerse a las normas fiscales y estrategias de 'lavado verde' (greenwashing) que pulen la imagen de las empresas tabacaleras como entidades comprometidas con la sostenibilidad. En Serbia, por ejemplo, una importante fábrica de cigarrillos fue elogiada por la AmCham local por sus logros ambientales, una medida duramente criticada por oscurecer el impacto letal de sus productos sobre la salud.

Los expertos en salud global instan ahora a los gobiernos de todo el mundo a estar más alerta ante la influencia de las AmChams. Recomiendan que las autoridades públicas mantengan una postura crítica y mantengan las distancias en sus asociaciones con estos grupos empresariales para garantizar que las políticas nacionales de salud no sean dictadas por intereses industriales que amenazan el bienestar general.