La escalada del conflicto armado en la región de Papúa ha desencadenado una crisis humanitaria cada vez más preocupante. Informes recientes señalan que al menos 125.931 indígenas papúes (OAP) se ven obligados a vivir en situación de desplazamiento interno sin la protección adecuada. Esta condición hace que grupos vulnerables como los niños pierdan el acceso a la educación, mientras que las mujeres embarazadas y los ancianos tienen dificultades para recibir servicios de salud básicos.

El portavoz del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB), Sebby Sambom, reveló que los datos provienen del informe de la organización de monitoreo de derechos humanos Human Rights Monitor (HRM). En respuesta a esta situación crítica, el TPNPB instó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a abrir de inmediato el acceso humanitario para distribuir ayuda logística y médica a los civiles afectados.

Esta ola de desplazamientos se distribuye en varias zonas de conflicto, incluidos los municipios de Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat, Tambrauw y Boven Digoel. Se informa que muchos de ellos sobreviven en zonas boscosas en condiciones extremadamente precarias, mientras que otros se han visto obligados a cruzar la frontera hacia Papúa Nueva Guinea para salvar sus vidas.

Estos hallazgos coinciden con los documentos de la sociedad civil presentados en la 62.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El documento destaca que las operaciones militares y los enfrentamientos armados a principios de 2026 han empeorado el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos papúes, en particular el acceso a la alimentación, la vivienda y la protección de mujeres y niños.

En respuesta al deterioro de la situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República de Indonesia (Komnas HAM) enfatizó que la seguridad de los civiles debe ser la máxima prioridad para todas las partes en conflicto. Komnas HAM también instó a permitir el acceso de la ayuda hospitalaria para realizar una verificación independiente sobre el terreno y garantizar que se atiendan de inmediato las necesidades básicas de los desplazados.