La decisión judicial de condenar a penas de entre 7 y 10 años de prisión a tres exdirectivos de PT Pertamina Patra Niaga —a saber, Riva Siahaan, Maya Kusmaya y Edward Corne— ha desatado la polémica entre los profesionales del derecho. Los expertos sostienen que el veredicto por corrupción vulnera el principio de la Regla de Juicio de Negocios (Business Judgment Rule o BJR) e ignora la sentencia del Tribunal Constitucional (MK) N.º 25/PUU-XIV/2016 relativa a la acreditación de pérdidas para el Estado.

La principal objeción del sector jurídico radica en la metodología utilizada para determinar las pérdidas financieras del Estado en este caso. Se considera que la fiscalía centró los cargos en las pérdidas potenciales derivadas de las fluctuaciones del precio mundial del petróleo con referencia al índice Mean of Platts Singapore (MOPS), en lugar de demostrar pérdidas reales o efectivas. Esto ocurre a pesar de que, a nivel consolidado, Pertamina y sus filiales siguieron registrando beneficios significativos durante el período en cuestión, lo que demuestra que las decisiones comerciales se tomaron dentro de los límites razonables del negocio.

Este caso suscita honda preocupación por la difusa línea que separa el puro riesgo empresarial de los delitos de corrupción. Se teme que, si cada decisión adoptada de buena fe por los directivos de las empresas estatales se penaliza cuando se producen pérdidas de mercado, se desincentive la audacia de los equipos de gestión a la hora de adoptar medidas estratégicas. Actividades cruciales como las operaciones de cobertura (hedging), el comercio de materias primas y la expansión empresarial podrían paralizarse por temor a la criminalización.

Se estima que el impacto a largo plazo de esta tendencia en la aplicación de la ley afectará al gobierno corporativo de las empresas públicas en su conjunto. La reticencia a asumir riesgos estratégicos no solo frenará la inversión nacional, sino que también podría mermar la competitividad de las empresas estatales en el ámbito internacional y reducir la confianza de los inversores globales en el clima de negocios de Indonesia.