Se considera que la posición de las cooperativas en Indonesia aún no logra salir del margen de la actividad económica nacional. La esperanza constitucional de convertir a las cooperativas en el pilar principal de la democracia económica, como se establece en el Artículo 33 de la Constitución de 1945, todavía está lejos de hacerse realidad. Durante la última década, la contribución del volumen de negocios de las cooperativas al Producto Interno Bruto (PIB) nacional se ha mantenido en un promedio del 1,04 por ciento, e incluso se proyecta que se reduzca al 0,90 por ciento o tan solo a unos 214 billones de IDR de un PIB total de 23.821,1 billones de IDR en 2025.

La dominancia de actividades cooperativas improductivas es uno de los desencadenantes del lento desarrollo de este sector. Los datos muestran que, al primer semestre de 2026, de un total de 224.256 cooperativas registradas, alrededor del 80 por ciento todavía depende de negocios de ahorro y crédito, que en su mayoría atienden financiamiento de consumo. Esta condición hace que las cooperativas aporten de manera mínima a la creación de valor agregado en la producción nacional, al fortalecimiento de las cadenas de suministro y a la dinamización de la economía real de los sectores populares.

Para superar este estancamiento, se insta al Ministerio de Cooperativas a llevar a cabo de inmediato una reforma institucional integral. Se pide al gobierno que tome medidas firmes contra las cooperativas ficticias, las cooperativas de fachada y las prácticas de usura disfrazadas de cooperativas que violan la Ley Número 25 de 1992. Este paso de ordenamiento debe ir acompañado de una consolidación o fusión de las cooperativas de ahorro y crédito a pequeña escala para que tengan un poder económico más competitivo, mientras que aquellas que operan como bancos comerciales deben reorientarse para convertirse en instituciones bancarias oficiales.

Además de los arreglos internos, también se exige al gobierno que ponga fin a la discriminación de políticas. Hasta ahora, se considera que el sector bancario disfruta de diversos privilegios del Estado, desde garantías de depósitos y colocación de fondos estatales hasta rescates financieros durante las crisis. Incentivos similares casi nunca llegan al sector cooperativo, a pesar de que filosóficamente esta institución está orientada al servicio de sus miembros y al bienestar común, y no solo a la persecución de ganancias financieras.

El impulso de cambio reposa ahora en el programa de Cooperativas de Aldea/Barrio Rojo y Blanco (KDKMP). Sin embargo, el éxito de esta iniciativa no debe medirse únicamente por la construcción física de oficinas o la legalidad jurídica. Debe impulsarse a las KDKMP para que se conviertan en un verdadero motor tractor transfiriendo los derechos de distribución de bienes subsidiados y mercancías con Precio Máximo al Consumidor (HET)—como fertilizantes, semillas, GLP de 3 kg, arroz SPHP y Minyakita—directamente a dicha red cooperativa.

Esta transferencia se considera estratégica porque los bienes subsidiados son esencialmente bienes públicos financiados con los impuestos del pueblo, por lo que su distribución debe ser estrictamente controlada por el Estado para que no sea desviada por mafias de distribución. Al aprovechar las KDKMP gestionadas democráticamente por los propios aldeanos locales, la supervisión social funcionará de manera más efectiva, estrechando el margen para la especulación de precios y garantizando que los subsidios estatales lleguen realmente a las manos de los ciudadanos con derecho, posicionando al mismo tiempo a las cooperativas como pilar principal de la economía nacional.