El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra bajo una gran presión después de que decenas de miembros del Parlamento Europeo reunieran apoyo para lanzar una investigación oficial sobre su gestión. Esta medida surge tras la controversia motivada por la anulación de la sanción de tarjeta roja al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, en medio de la celebración del Mundial 2026.

El problema comenzó cuando la FIFA levantó de forma sorprendente la suspensión de un partido a Balogun. La decisión se tomó apenas un día después de una comunicación directa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e Infantino. Esta medida provocó una dura reacción por parte de los legisladores europeos, quienes consideran que hubo una desviación de la justicia y la subordinación de la máxima autoridad del fútbol mundial a los intereses políticos del gobierno estadounidense.

Varios parlamentarios, entre ellos Barry Andrews y Lara Wolters, condenaron enérgicamente la medida en una declaración conjunta. Subrayaron que la integridad del deporte se ha visto perjudicada por una injerencia política que ignora las reglas del juego transparentes e imparciales. En la actualidad, 35 parlamentarios han firmado una petición para instar a la Comisión de Ética de la FIFA a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la presunta violación de la neutralidad.

Su posición no solo corre peligro en el ámbito parlamentario, sino también ante el Comité Olímpico Internacional (COI). El grupo de derechos humanos FairSquare planea presentar una denuncia formal ante el COI por presuntas violaciones reiteradas del principio de neutralidad política exigido a los líderes de organizaciones deportivas internacionales. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, dio señales de que su organismo está listo para dar seguimiento a la denuncia una vez que se reciba formalmente.

La FIFA había argumentado previamente que la anulación de la sanción fue una decisión puramente de la Comisión Disciplinaria. Sin embargo, dicha declaración no fue suficiente para calmar las críticas públicas ni las crecientes exigencias de investigación. Este escándalo representa una seria amenaza para la credibilidad de la FIFA a la hora de mantener su independencia frente a las presiones políticas externas en el fútbol internacional.