Los esfuerzos para lograr la meta de crecimiento económico de dos dígitos en el período 2026-2030 exigen reformas institucionales más sustanciales. En el taller "Crecimiento de dos dígitos: la fuerza impulsora de las empresas" en Hanói, los delegados enfatizaron que la brecha entre la política central y la implementación sobre el terreno sigue siendo el principal obstáculo para el sector empresarial.

El propio gobierno ha demostrado un firme compromiso a través de la Conclusión n.º 18-KL/TW, con el objetivo de reducir los procedimientos administrativos y los proyectos de inversión pública entre un 30 y un 40 por ciento. Se han tomado medidas concretas mediante la publicación de cientos de documentos legales que han logrado reducir significativamente el tiempo de cumplimiento y los costos operativos de las empresas. No obstante, las empresas siguen reportando alrededor de 900 barreras que a menudo surgen en forma de nuevas regulaciones superpuestas.

Dau Anh Tuan, de VCCI, destacó el fenómeno de las "regulaciones en la sombra", donde los requisitos que han sido eliminados a menudo mutan en nuevos estándares técnicos más complejos. Esta condición crea un vacío legal confuso para las empresas. Además, la falta de uniformidad en la implementación entre regiones y las prácticas burocráticas que limitan las solicitudes de inversión son desafíos reales que deben resolverse con urgencia.

En respuesta a estos problemas, expertos en políticas y representantes de asociaciones como VASEP y HoREA instaron a la participación activa del sector empresarial en la redacción de regulaciones. Se considera necesaria la descentralización, acompañada de una mejora en la calidad de los recursos humanos a nivel local, para evitar callejones sin salida administrativos. Los expertos también propusieron la creación de un grupo de trabajo especial con autoridad directa para mediar y resolver las quejas sobre barreras comerciales de manera eficiente.

La reforma institucional no es un proceso de una sola vez, sino un esfuerzo continuo para liberar el potencial del sector privado. Al alinear el espíritu de reforma desde el centro hasta las unidades de gobierno local y consolidar los documentos legales, se espera que el clima de inversión sea más abierto, transparente y capaz de respaldar las ambiciones económicas nacionales en el futuro.