El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente lidera actualmente la redacción de un proyecto de ley para modificar la Ley de Protección Ambiental. Esta iniciativa responde al mandato de la Asamblea Nacional y del Primer Ministro, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, ofrecer un marco de gestión ambiental más moderno y flexible para el sector empresarial.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Le Cong Thanh, explicó que este proyecto de ley adopta un nuevo paradigma centrado en cinco pilares estratégicos: una reforma administrativa sustantiva, la descentralización de competencias hacia los gobiernos locales y la innovación al considerar los residuos como recursos potenciales. Además, el gobierno se compromete a impulsar la transformación digital y a pasar de un modelo de remediación pasiva a una prevención más proactiva del impacto ambiental.

En el sector del petróleo y el gas, el Ministerio planea eximir a los proyectos de exploración en alta mar de los gravosos requisitos de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esta medida se toma para resolver los desafíos de sincronización regulatoria entre la Ley de Petróleo y Gas y la Ley de Protección Ambiental, que a menudo han generado interpretaciones ambiguas para los actores de la industria, como PVN.

PVN acogió con agrado estos esfuerzos proponiendo reclasificar los proyectos de exploración de riesgo alto a una categoría menor, dadas las características operativas de las actividades en alta mar que cuentan con una alta capacidad de carga ambiental. En consonancia con ello, el Ministerio también reafirmó su compromiso de revisar las normas de emisión, incluidas las de las plantas de energía, para garantizar que las regulaciones sigan siendo relevantes para los avances tecnológicos más recientes sin descuidar la calidad ambiental.

El equipo de inspección del Comité de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente elogió este paso estratégico. Se espera que, mediante esta revisión de normas basada en datos y riesgos, se puedan eliminar de manera significativa los obstáculos a la inversión sin reducir los estándares nacionales de protección ambiental. El proceso de armonización normativa continuará perfeccionándose antes de ser remitido al Ministerio de Justicia para su posterior evaluación.