El debate sobre el Proyecto de Ley de Decomiso de Activos (RUU Perampasan Aset) vuelve a estar en el centro de la atención pública tras haber permanecido estancado durante casi una década en el Programa de Legislación Nacional (Prolegnas). El jurista y observador legal, Dr. Ari Yusuf Amir, enfatizó que esta regulación no es solo una herramienta para combatir la delincuencia financiera, sino que tiene un impacto sistémico en la aplicación de la ley, la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos y la estabilidad del clima de inversión en Indonesia.
Ari destacó un punto crucial en el borrador del proyecto de ley, a saber, el mecanismo de decomiso de activos sin una sentencia penal firme previa, conocido como decomiso de activos sin condena previa (NCB, por sus siglas en inglés). Aunque se considera que este método es eficaz para acelerar la recuperación de las pérdidas estatales en ciertos casos, su aplicación sin una supervisión estricta conlleva un riesgo importante para la seguridad jurídica.
Según Ari, una autoridad estatal excesivamente amplia sin las garantías del debido proceso (due process of law) podría amenazar los derechos de propiedad privada y vulnerar la presunción de inocencia. Asimismo, se teme que esta regulación genere incertidumbre en el mundo empresarial, especialmente en la aplicación de la doctrina jurídica de la Regla del Juicio de Negocios (Business Judgment Rule) y el principio de responsabilidad limitada (Limited Liability) que protege las decisiones comerciales corporativas.
El riesgo de abuso de poder por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es la mayor preocupación en la implementación del mecanismo NCB. En el panorama legal de Indonesia, donde la credibilidad y el profesionalismo aún enfrentan desafíos, este instrumento es propenso a ser utilizado indebidamente para presionar a empresarios, burócratas e incluso opositores políticos mediante la incautación de activos antes de que se demuestre legalmente la culpabilidad penal en un juicio.
Ari añadió que las autoridades de procuración de justicia a menudo determinan la condición de sospechoso basándose únicamente en el cumplimiento formal de dos elementos de prueba, sin evaluar sustantivamente la calidad de dicha evidencia. Por lo tanto, instó a que el Proyecto de Ley de Decomiso de Activos se redacte con precisión para distinguir claramente entre las decisiones comerciales o políticas administrativas que conllevan riesgos empresariales ordinarios y las acciones que constituyen puramente delitos penales.
