El Ministerio de Finanzas está intensificando actualmente los esfuerzos para depurar la administración de aproximadamente 1,1 millones de contribuyentes que están registrados como activos pero que ya no realizan actividades operativas. Este fenómeno, conocido como "empresas fantasma", ocurre porque muchas entidades comerciales ya no se encuentran en su dirección registrada, pero sus procedimientos formales de disolución siguen estancados, lo que sobrecarga el sistema de base de datos tributaria del país.
Esta acumulación de casos se debe a varios factores complejos, que van desde las limitaciones de recursos de procesamiento y las dificultades para rastrear a los representantes legales de las empresas, hasta indicios del uso de información falsa en la constitución de los negocios. Esta situación no solo obstaculiza la eficacia de la supervisión fiscal, sino que también dificulta el proceso para los empresarios que desean reestructurar o cerrar legalmente sus negocios en el futuro.
Como medida de solución, el gobierno ha presentado el Proyecto de Ley Número 108/2025 sobre Administración Tributaria. Esta regulación hace hincapié en la transformación digital y la gestión basada en riesgos, donde las auditorías de campo se priorizarán ahora únicamente para las entidades que muestren indicios de alto riesgo, en lugar de realizar comprobaciones exhaustivas e ineficientes.
En el borrador de la norma, se propone que las autoridades fiscales tengan la facultad de iniciar procedimientos de quiebra para las empresas que se demuestre que han abandonado su domicilio comercial o que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales durante más de tres años. Esta medida está en consonancia con la campaña nacional de "Depuración del Número de Identificación Fiscal", cuyo objetivo es estandarizar de forma integral los datos de los contribuyentes.
Además, el Ministerio de Finanzas reforzará la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para actuar con firmeza contra quienes abusen de las personas jurídicas o de las facturas fiscales para cometer fraudes. A través de esta sinergia, el gobierno espera crear un ecosistema empresarial más transparente y responsable, además de facilitar los trámites administrativos para las entidades que realmente operan en el mercado.
