El Ministerio de Construcción celebró recientemente un taller estratégico para recoger propuestas sobre el borrador de la enmienda a la Ley de Vivienda. Esta medida se adoptó como respuesta urgente a las instrucciones del Gobierno para actualizar la normativa del sector inmobiliario, con el objetivo de presentar el proyecto definitivo a la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria en agosto de 2026.
El viceministro de Construcción, Nguyen Van Sinh, subrayó que esta revisión se basa en las cinco orientaciones principales del gobierno, diseñadas para responder a los desafíos reales sobre el terreno. El objetivo principal es descentralizar competencias, simplificar los procedimientos administrativos y crear un marco legal más transparente que reduzca los costes de cumplimiento para inversores y promotores.
Uno de los puntos clave del proyecto de revisión es la reorganización de las categorías de vivienda en cuatro grupos principales: vivienda comercial, vivienda de alquiler, vivienda pública y vivienda de interés social. El Gobierno destacó especialmente la urgencia de desarrollar viviendas de alquiler para satisfacer las necesidades de la población, sobre todo de los trabajadores de las zonas industriales.
Las partes interesadas, incluidos los empresarios y las asociaciones inmobiliarias, valoraron positivamente los esfuerzos del gobierno. Sin embargo, señalaron la necesidad de definir claramente los conceptos y los mecanismos operativos, sobre todo en lo que respecta a los estándares de precios para viviendas comerciales asequibles. La Asociación Inmobiliaria de Vietnam (VNREA) subrayó que deben delimitarse con claridad las fronteras entre las distintas categorías de vivienda para evitar solapamientos normativos en el futuro.
Los departamentos locales de construcción también propusieron un enfoque integrado e incentivos específicos para aumentar la oferta de viviendas de alquiler. El Ministerio de Construcción manifestó su compromiso de integrar estas aportaciones constructivas en el borrador final, con el fin de garantizar que el nuevo marco jurídico funcione de manera eficaz y en armonía con otras normativas relacionadas, como la Ley de Inversiones y la Ley de Construcción.
