La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) ha publicado su informe anual de 2025, situando a la Policía Nacional de la República de Indonesia (Polri) a la cabeza como la institución más denunciada por presuntas violaciones de derechos humanos. Según datos oficiales, se presentaron 805 denuncias contra la Polri, lo que la convierte en la entidad con mayor frecuencia de quejas, en comparación con las corporaciones (483 denuncias) y los individuos (331 denuncias).
En total, la Komnas HAM recibió 3.003 denuncias a lo largo de 2025. Esta cifra refleja un aumento significativo en comparación con el periodo del año anterior. La presidenta de la Komnas HAM, Anis Hidayah, explicó que esta elevada cifra de denuncias es una señal de alarma para el Estado sobre la importancia de mejorar las relaciones entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, además de evidenciar las brechas en la práctica del ejercicio del poder sobre el terreno.
Anis señaló que las dinámicas sociopolíticas posteriores al nuevo gobierno fueron un factor crucial que influyó en la situación de los derechos humanos en Indonesia. Uno de los puntos más destacados fue el incremento en la exigencia pública de rendición de cuentas estatal y democracia, lo que desencadenó una serie de manifestaciones a escala nacional entre agosto y septiembre de 2025. El tema de la libertad de expresión también surgió como un nuevo desafío, especialmente en el espacio digital, que ahora se ha convertido en el principal medio de fiscalización ciudadana.
Además de los problemas institucionales, los conflictos agrarios relacionados con los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN) siguen siendo un tema dominante en los registros de la Komnas HAM. Los patrones de conflicto incluyen la debilidad de las consultas públicas y el uso de enfoques de seguridad represivos. Anis subrayó que el gobierno debe evaluar de inmediato la aplicación de los principios de derechos humanos en cada política de desarrollo para evitar la criminalización de ciudadanos y activistas sobre el terreno.
Se espera que este incremento en las denuncias sirva de impulso para que el gobierno mejore hacia una gobernanza más inclusiva. El enfoque principal de cara al futuro no se limita únicamente a la falta de regulaciones, sino a cómo el Estado es capaz de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en medio de la aceleración masiva del desarrollo económico y de infraestructuras.
