El desarrollo desigual de la infraestructura en Indonesia ha cobrado una nueva vida. Mientras las zonas urbanas disfrutan de un fácil acceso médico, los habitantes de las aldeas remotas deben arriesgar sus vidas enfrentando terrenos extremos para obtener atención médica básica. El derecho a la salud de las mujeres embarazadas suele ser ignorado, obligándolas a realizar viajes de emergencia que ponen en peligro su seguridad cuando están a punto de dar a luz.
Una desgarradora tragedia afectó recientemente a Masnia, una mujer embarazada de la aldea de Ratte, en la regencia de Polewali Mandar, Sulawesi Occidental. Debido a la falta de instalaciones de salud y de accesos viales adecuados, Masnia tuvo que ser trasladada en camilla por los habitantes de la comunidad, quienes se turnaron para cargarla a lo largo de 9 kilómetros por un sendero empinado. Tras una dura lucha de cinco horas en medio de este viaje de emergencia, no se pudo salvar la vida del bebé que esperaba.
Un suceso similar ocurrió en la regencia de Tapanuli del Sur, Sumatra Septentrional, donde una madre llamada Tuty Daulay perdió a su primer hijo tras ser trasladada a hombros durante seis horas por un sendero que no ha sido alcanzado por el desarrollo. Este preocupante incidente no solo ocurrió fuera de la isla de Java; también afectó a una mujer embarazada en la regencia de Tegal, Java Central, quien tuvo que ser transportada en una camilla de bambú durante 3 kilómetros a través de un bosque de teca y cruzando un río para llegar al centro de salud más cercano.
Esta cruda realidad ha desatado fuertes críticas hacia las prioridades de desarrollo del gobierno. La asignación presupuestaria y la aceleración de ciertos programas de proyectos contrastan con la lentitud para satisfacer necesidades vitales, como centros de salud auxiliares y caminos rurales transitables. La ausencia de instalaciones médicas en aldeas aisladas demuestra una clara desigualdad en el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El acceso a servicios de salud adecuados es un derecho constitucional de todo ciudadano indonesio que el Estado debe garantizar sin excepción. Se exige al gobierno evaluar urgentemente sus prioridades de desarrollo, priorizando la provisión de instalaciones médicas de emergencia y el acceso vial en regiones remotas para evitar que se repitan estas tragedias humanitarias que cobran la vida de madres y bebés.
