La instalación de decenas de postes de fibra óptica en la zona del subdistrito de Gunung Sulah, en la ciudad de Bandar Lampung, ha generado una nueva polémica. Además de la falta de claridad en los permisos para la construcción de la infraestructura, la opinión pública cuestiona ahora la transparencia en la gestión de los fondos de desarrollo ambiental o de compensación que presuntamente fluyen desde la empresa proveedora de redes de telecomunicaciones hacia los residentes afectados.
Al ser consultado sobre la existencia de dichos fondos, el jefe del subdistrito de Gunung Sulah, Sofian Ilyas Nyerupa, se mostró reacio a dar explicaciones detalladas. En su lugar, Sofian delegó la responsabilidad de responder en sus subordinados, pidiendo a los medios de comunicación que preguntaran directamente a los jefes de barrio (kaling) de la zona.
No obstante, varios jefes de barrio a los que se intentó contactar a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas han optado unánimemente por guardar silencio hasta el momento. La actitud evasiva de los funcionarios de barrio y la renuencia del jefe del subdistrito a mostrarse abierto no hacen más que reforzar las sospechas de los vecinos sobre el destino real de unos fondos que deberían destinarse al beneficio público.
En respuesta a esta situación, el presidente del Movimiento de Cuidado del Presupuesto y las Políticas (Gepak) de Lampung, Yudhi Hasyim, lanzó duras críticas. A su juicio, el silencio y la evasión de responsabilidades a nivel del subdistrito reflejan una débil supervisión administrativa. Subrayó que los fondos de compensación ambiental son un derecho de la comunidad que debe gestionarse de forma abierta y responsable, y no para fines personales.
Desde el punto de vista legal, la gestión no transparente o el desvío de fondos públicos por parte de funcionarios locales podría constituir una infracción del derecho penal. Si los fondos son aprovechados de manera unilateral, los responsables podrían ser acusados de malversación de fondos en el ejercicio de sus funciones según el Código Penal (KUHP), e incluso podría encuadrarse en el ámbito de los delitos de corrupción si implica un abuso de autoridad por parte de funcionarios del Estado en perjuicio de la comunidad.
Hasta la fecha, el proveedor de servicios de fibra óptica en cuestión tampoco ha emitido ninguna declaración oficial sobre el monto o el mecanismo de distribución de dichos fondos de compensación. Los habitantes de Gunung Sulah esperan ahora que las autoridades del subdistrito muestren buena voluntad para esclarecer la información y evitar especulaciones desmedidas entre la opinión pública.
