La posición de comisionado en las Empresas Públicas (BUMN, por sus siglas en indonesio) vuelve a estar bajo el escrutinio público. La práctica de nombrar a figuras con trayectoria de políticos, funcionarios e incluso voluntarios políticos en puestos estratégicos de las empresas estatales es considerada como una medida que no se fundamenta plenamente en la competencia profesional.
Los hallazgos de Transparency International Indonesia (TII) indican que la provisión de cargos de comisionados con frecuencia no está motivada únicamente por las necesidades gerenciales de la empresa. Por el contrario, el proceso de designación está estrechamente vinculado a relaciones políticas y al intento de acomodar a ciertos sectores afiliados al poder.
Esta situación genera una seria preocupación sobre la efectividad de la función de supervisión dentro de las empresas públicas. Como una extensión del gobierno para velar por la gestión corporativa, se supone que los comisionados deben poseer conocimientos técnicos e integridad intachable para garantizar que la empresa funcione de manera eficiente y libre de intereses políticos partidistas.
Críticas procedentes de diversos sectores exigen una estandarización más estricta en el reclutamiento de los miembros de los consejos de comisionados de las BUMN. La transparencia y la meritocracia son clave para que las empresas estatales aporten una contribución óptima a la economía nacional, en lugar de convertirse en simples herramientas para la consolidación del poder de determinados grupos.
