El abogado Misbar RB, S.H., destacó la polémica en torno a la participación de varios miembros del Consejo Representativo del Pueblo de la Regencia de Aceh del Sur (DPRK) en el programa de Comida Nutritiva Gratuita (MBG). Esta controversia surgió después de que la Junta de Honor del Consejo (BKD) declarara que los legisladores presuntamente implicados solo tienen el estatus de inversores y no gestionan directamente las cocinas proveedoras de alimentos.

Según Misbar, el pretexto de actuar como inversor no elimina automáticamente el potencial conflicto de intereses. Subrayó que los miembros de la DPRK tienen una función de supervisión inherente, por lo que su participación como inversores en un programa gubernamental que ellos mismos deben fiscalizar constituye una grave violación ética para los funcionarios del Estado.

"Ser inversor significa tener un motivo de lucro. Aunque no gestionen la cocina de forma operativa, su vinculación como propietarios de capital seguirá afectando la objetividad en la supervisión del programa", afirmó Misbar en su declaración el viernes (3/7/2026).

Hizo referencia al Decreto Presidencial número 16 de 2018 sobre Contratación Pública de Bienes y Servicios y a la Ley MD3, que prohíben a los funcionarios públicos utilizar sus cargos para obtener beneficios personales. A Misbar le preocupa que si se justifica el argumento de la inversión, esto sentará un mal precedente para el sistema de control regional en el futuro.

En respuesta a la medida de la BKD de Aceh del Sur de realizar únicamente una aclaración verbal, Misbar instó a profundizar la investigación. Pidió a la BKD rastrear las escrituras de las fundaciones, la propiedad de las acciones e involucrar al Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) para rastrear flujos de fondos sospechosos.

Anteriormente, el presidente de la BKD de Aceh del Sur, Mistan Aulia, declaró que su organismo no encontró participación directa de los miembros del consejo en la gestión de la cocina del MBG a partir de los resultados de la investigación. No obstante, las demandas de transparencia por parte de la ciudadanía siguen aumentando para evitar que este programa estratégico nacional sea instrumentalizado para el beneficio comercial de ciertos funcionarios públicos.