Las medidas estratégicas del Ministerio de Forestería para reformar las políticas de comercio de carbono en Indonesia han comenzado a dar resultados tangibles. El director ejecutivo de The Reform Initiatives (TRI), Hadi Prayitno, afirmó que una serie de actualizaciones normativas ha logrado restaurar la confianza de inversores, desarrolladores de proyectos y potenciales compradores de créditos de carbono en el mercado internacional.
El punto de inflexión de este cambio se refleja en la transición regulatoria del Decreto Presidencial (Perpres) Número 98 de 2021 al Perpres Número 110 de 2025. Este cambio crucial permite a los desarrolladores de proyectos registrar sus iniciativas no solo a través del Sistema de Registro Nacional para el Control del Cambio Climático (SRN-PPI), sino también a través de sistemas de registro internacionales reconocidos por el mercado global.
Anteriormente, las empresas se enfrentaban a obstáculos significativos debido a las limitaciones de las metodologías nacionales y a la obligación de cumplir con las metas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) antes de poder comercializar los créditos de carbono. Estos obstáculos provocaron incertidumbre jurídica, haciendo que el clima de inversión fuera menos propicio para los actores globales que requieren altos estándares de transparencia.
Hadi añadió que la medida adoptada por el ministro de Forestería, Raja Juli Antoni, al emitir el Reglamento del Ministro de Forestería Número 6 de 2026 representa un instrumento complementario vital. Esta política no solo regula los procedimientos del comercio de carbono en el sector forestal de forma más integral, sino que también reconoce nuevamente las unidades de créditos de carbono que previamente se habían paralizado, ofreciendo así una mayor certeza en el mercado.
Aunque se valora la mejora en el clima de inversión, se insta al gobierno a no dejar de innovar. De cara al futuro, se espera que el enfoque se amplíe hacia el fortalecimiento de proyectos de carbono basados en comunidades locales e indígenas, especialmente en zonas de forestería social y bosques ancestrales, para garantizar que el impacto económico del comercio de carbono llegue a los sectores más vulnerables.
