Cientos de agricultores y sus familias se reunieron en la zona del caserío de Laoli, aldea de Harapan, distrito de Malili, regencia de Luwu Oriental, el martes (28/7/2026). Esta acción masiva se llevó a cabo como una forma de fuerte rechazo a los planes del Gobierno de la Regencia de Luwu Oriental (Pemkab) de desalojar las tierras cultivadas por los residentes para facilitar el proyecto de desarrollo de una zona industrial.
Durante la protesta, los residentes se turnaron para pronunciar discursos en defensa de la tierra que han gestionado de generación en generación. Los residentes insistieron en que habían ocupado y trabajado la tierra mucho antes de la emisión del Certificado de Derecho de Gestión (HPL) a nombre del Gobierno de la Regencia de Luwu Oriental, por lo que consideran que el intento de desalojo es unilateral e ignora los derechos de los ciudadanos.
Las tensiones aumentaron tras la circulación de una carta interna del Gobierno de la Regencia de Luwu Oriental con fecha del 23 de julio de 2026, firmada por el Secretario Regional, Ramadhan Pirade. La carta contenía una invitación a la dirección de PT Indonesia Huali Industry Park (PT IHIP) para asistir a una reunión de coordinación técnica para el desalojo de tierras, que incluía la participación de guardias de seguridad de la empresa en el proceso de ejecución sobre el terreno.
El gobierno local afirma que las medidas de desalojo se tomaron tras pasar por las etapas de Gestión del Impacto Social y Comunitario (PDSK), así como el depósito de dinero de compensación bajo el esquema de consignación en el Tribunal de Distrito de Malili. Sin embargo, los agricultores, acompañados por el Instituto de Asistencia Legal (LBH) de Makassar, se negaron a asistir a la audiencia de consignación al considerar que este mecanismo no resuelve la raíz del conflicto por la propiedad de la tierra.
Anteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) también había emitido una recomendación para que el Gobierno de la Regencia de Luwu Oriental pospusiera todas las actividades de desalojo de tierras. Este aplazamiento se solicitó para respetar el proceso de tramitación de las denuncias comunitarias que actualmente se está llevando a cabo en el organismo de control de derechos humanos.
