La Comisión Europea (CE) está formulando medidas firmes para reforzar la supervisión de la industria tecnológica digital. Las autoridades europeas están considerando conceder a la Comisión la competencia de imponer multas directas a las empresas tecnológicas que no garanticen una protección adecuada a los usuarios, especialmente en casos de estafas en compras en línea y prácticas de interfaz manipuladoras.
El plan, cuya presentación está prevista para finales de este año, se enmarca en un marco más amplio de equidad digital. Su objetivo principal es mitigar el diseño adictivo de sitios web, las tácticas de marketing engañosas que atrapan a los usuarios y las dificultades para cancelar suscripciones. Esta regulación está diseñada para aplicarse no solo a los gigantes tecnológicos, sino también a minoristas en línea de menor escala y a desarrolladores de videojuegos.
Hasta ahora, la aplicación de la legislación digital ha sido responsabilidad de las autoridades nacionales de cada estado miembro de la UE, mientras que la Comisión Europea solo actuaba como coordinadora. Este cambio de competencias se considera necesario para crear un efecto disuasorio más eficaz contra las infracciones sistémicas transfronterizas.
Sin embargo, la propuesta aún genera debate interno. Varios estados miembros, entre ellos Polonia, han expresado su preocupación por el posible solapamiento normativo con la Ley de Servicios Digitales ya existente. Además de las sanciones financieras, las conversaciones incluyen medidas preventivas como el refuerzo de la alfabetización digital, la configuración de la privacidad y la mejora de los sistemas de control parental como alternativa a las restricciones estrictas de acceso a las redes sociales para los jóvenes.
