En un agresivo esfuerzo por impulsar la competitividad económica nacional, el Gobierno ha continuado impulsando la reforma burocrática a lo largo del primer semestre de 2026. El objetivo principal de esta política es la simplificación de la gestión administrativa, que durante mucho tiempo se ha considerado un obstáculo para la eficiencia, tanto para el público en general como para el sector corporativo.
Hasta mediados de junio de 2026, las medidas estratégicas adoptadas a través de diversas resoluciones gubernamentales han logrado eliminar 697 procedimientos administrativos y simplificar otros 673. Además, se han recortado oficialmente 1.754 requisitos empresariales considerados irrelevantes o gravosos. Se prevé que esta medida permita reducir el tiempo de tramitación administrativa hasta en un 53 por ciento y disminuir los costes de cumplimiento en un 54,6 por ciento en comparación con los datos de 2024.
El Gobierno tiene como objetivo que los ministerios y organismos gestionen como máximo el 30 por ciento del total de los procedimientos administrativos bajo su competencia. En la actualidad, esta política de descentralización ha dado sus frutos con la delegación de cientos de competencias en los gobiernos locales, con el fin de agilizar los servicios sin verse frenados por rígidas fronteras administrativas.
Además de la eficiencia burocrática, el Gobierno también está reestructurando el sector de las inversiones condicionadas. Un total de 95 de los 237 sectores empresariales condicionados (el 40 por ciento) se han eliminado en comparación con la normativa de 2020. Esta transformación forma parte del gran plan del Gobierno para alcanzar objetivos de crecimiento económico de dos dígitos en el periodo 2026-2030.
Como medida de continuidad, el Gobierno exige a todas las instituciones ministeriales que concluyan de inmediato la revisión de 312 documentos legales complementarios, que abarcan desde leyes hasta circulares, a más tardar en marzo de 2027. Se espera que la sinergia entre la digitalización de las bases de datos y la simplificación normativa sirva de base sólida para construir un ecosistema empresarial más transparente y propicio para la inversión en el futuro.
