El Ministerio de Hacienda está intensificando actualmente las medidas estratégicas para abordar el fenómeno de millones de 'empresas zombi' repartidas por todo el país. Este término se refiere a entidades comerciales o hogares que han dejado de operar funcionalmente, pero que administrativamente siguen figurando como activas por no haber completado los procedimientos de disolución o la revocación del número de identificación fiscal (NPWP).
Los datos de las autoridades fiscales registran al menos 1,1 millones de contribuyentes clasificados en esta categoría. Este grupo está compuesto por empresas en proceso de liquidación, entidades que han abandonado su domicilio comercial sin previo aviso y agentes económicos que han cumplido con sus obligaciones fiscales pero han omitido la gestión administrativa del cierre de su certificado de registro empresarial.
El desafío para gestionar este cúmulo de datos se ve impulsado por diversos obstáculos, que van desde la escasez de recursos de procesamiento y la dificultad para localizar a los representantes legales de las empresas, hasta indicios del uso de información falsa durante la constitución de la empresa. Sin una acción de limpieza integral, se considera que esta situación podría deteriorar la calidad de los datos fiscales nacionales y obstaculizar la flexibilidad del sector empresarial.
Como solución, el Ministerio de Hacienda ha presentado el Proyecto de Ley N.º 108/2025 sobre Administración Tributaria. Esta regulación está diseñada para fortalecer la gestión basada en riesgos y la transformación digital, donde las inspecciones sobre el terreno se centrarán únicamente en casos de alto riesgo. Además, el gobierno propone que la autoridad fiscal tenga la facultad de tramitar la quiebra de aquellas empresas que no hayan operado en su dirección registrada durante tres años o que mantengan deudas tributarias sin saldar durante el mismo periodo.
Para respaldar estos esfuerzos, se ha puesto en marcha la campaña 'Limpieza del Número de Identificación Fiscal'. Este programa busca estandarizar la base de datos dirigiéndose a tres grupos principales: entidades en proceso de disolución, empresas que han salido del mercado sin los procedimientos formales y casos de uso indebido de la identidad legal. Se reforzará la coordinación interinstitucional, incluso con las fuerzas de seguridad, para prevenir la manipulación de facturas fiscales y otros delitos económicos.
