El gobierno ha publicado oficialmente una nueva circular que establece un marco legal integral sobre la aplicación de la tecnología en el sector de la educación superior y vocacional. Esta política está diseñada para alinear las prácticas educativas con la Ley de Transformación Digital y las regulaciones sobre Inteligencia Artificial (IA), sustituyendo al mismo tiempo normas obsoletas consideradas ya no relevantes para los tiempos actuales.
El enfoque principal de esta regulación es situar a los estudiantes en el centro de cada innovación tecnológica. Se anima a las instituciones educativas a integrar tecnologías de vanguardia, desde la inteligencia artificial y el big data hasta la realidad virtual, para respaldar la eficacia de la enseñanza, la investigación científica y la administración del campus. Las normas garantizan que toda implementación tecnológica se alinee con la arquitectura digital nacional para crear un ecosistema de datos conectado y transparente.
Con respecto al uso de la inteligencia artificial, el gobierno subrayó que dicha tecnología es solo un instrumento de apoyo para los educadores, no un sustituto de su función. La regulación también establece pautas estrictas sobre la integridad académica, donde el uso de IA para trampas, plagio o manipulación de datos se categorizará como una infracción grave que debe ser gestionada internamente por cada institución.
Además de regular los aspectos académicos, la circular exige que cada institución educativa cuente con un sistema de gestión del aprendizaje estandarizado. Esto incluye sistemas de verificación de identidad, seguimiento del progreso de los estudiantes y protección de datos personales. Las instituciones educativas también son responsables de crear bases de datos centralizadas interconectadas con los sistemas nacionales para facilitar el acceso de los estudiantes a los servicios digitales, desde la matriculación hasta su transición al mundo laboral.
Para concluir, la política enfatiza la importancia de la colaboración entre las instituciones educativas y los proveedores de soluciones tecnológicas. Todos los proveedores de plataformas deben cumplir con estrictos estándares de ciberseguridad y garantizar la continuidad del servicio. Con estas normas, el gobierno espera acelerar una transformación digital autónoma, responsable y orientada a mejorar la calidad de los futuros graduados.
