El Comité Directivo Central de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital publicó recientemente conclusiones exhaustivas sobre los 12 obstáculos cruciales que han estado frenando el progreso del ecosistema nacional de investigación. Esta identificación abarca un amplio espectro, desde la falta de alineación de las direcciones estratégicas de investigación con las necesidades económicas hasta una burocracia rígida en el proceso de comercialización de productos innovadores.

Uno de los aspectos más destacados es la escasa participación del sector empresarial en la definición del rumbo de las investigaciones. Hasta ahora, las tareas de investigación han estado dictadas en gran medida por instituciones burocráticas, por lo que los resultados finales a menudo no responden a los desafíos reales del mercado. La ausencia de un mecanismo legal vinculante entre el Estado, las universidades y las corporaciones hace que la colaboración sea con frecuencia una mera formalidad sin eficacia real.

Los largos procesos administrativos también son un azote para los innovadores. Los procedimientos de aprobación de proyectos que tardan hasta un año suelen ahogar la creatividad de los científicos. Además, la falta de protección jurídica para los investigadores que fracasan debido a riesgos científicos objetivos hace que muchos teman emprender avances radicales de alto riesgo pero con un gran potencial de beneficio.

En cuanto a la comercialización, el informe destaca la escasez de expertos en la evaluación de la propiedad intelectual (PI) y la tecnología, especialmente para sectores avanzados como la inteligencia artificial y los semiconductores. Se considera que la bolsa tecnológica nacional actualmente funciona solo como un espacio de exhibición, y no como un mercado eficiente para el comercio de patentes o la transferencia de tecnología.

Como solución, el gobierno propone un cambio de paradigma a través de un mecanismo digital de ventanilla única, la creación de un sistema de catálogo tecnológico integrado y el fortalecimiento del papel de las empresas como entidades que encargan investigaciones. Se espera que estas medidas formen una cadena de innovación más fluida y conviertan al sector científico y tecnológico en el principal motor del crecimiento económico futuro, de acuerdo con los mandatos nacionales vigentes.