El envío nocturno de neumáticos y cámaras de aire usadas en la zona del puerto pesquero de Halmahera Central ha generado fuertes críticas públicas. Estas actividades, realizadas a puerta cerrada, plantean grandes interrogantes sobre la legalidad operativa, los permisos de uso de la zona portuaria y la eficacia de la supervisión por parte de los organismos autorizados.
La información recopilada indica que el proceso de transferencia de la carga tuvo lugar el lunes por la noche. Se observó un camión furgón transportando pilas de neumáticos usados hacia un contenedor perteneciente a un empresario llamado Tanto, ubicado en la zona portuaria. Se presume que el proceso de carga y descarga involucró a trabajadores de TKBM Yefi Berkarya Mandiri bajo la coordinación de un capataz llamado Anton.
Según investigaciones posteriores, se sospecha fuertemente que los neumáticos usados pertenecen a un hombre llamado Rey. Sin embargo, al ser consultado mediante mensaje de texto sobre la validez de los documentos de transporte y el estado de propiedad de la mercancía, el presunto propietario no dio una respuesta sustancial y solo respondió de manera normativa sin explicar la legalidad de su negocio.
Se considera que la falta de claridad en la documentación de estas actividades logísticas infringe potencialmente las normativas de gestión portuaria. Una supervisión estricta debería implicar una sinergia intersectorial, que abarque desde la Unidad Organizadora del Puerto (UPP), la mano de obra de carga y descarga (TKBM), las empresas estibadoras (PBM), los servicios de gestión de transporte (JPT), hasta la Unidad de Guardia Marítima y Costera (KP3).
Por lo tanto, se insta a las fuerzas del orden (APH) junto con los departamentos técnicos pertinentes a intervenir de inmediato y realizar una inspección exhaustiva para determinar si la mercancía se clasifica como residuo o no, así como para verificar la totalidad de sus permisos. Se teme que permitir actividades ilegales no solo dañe la gobernanza portuaria, sino que también elimine ingresos locales potenciales (PAD) derivados de tasas e impuestos regionales.
