La implementación de la Ley de Bancarrota y Rehabilitación de 2025 marca una transformación fundamental en el panorama del derecho mercantil del país. Esta regulación deja atrás el viejo paradigma que veía la quiebra como el punto final o la pena de muerte para las entidades empresariales, reemplazándolo por un enfoque restaurativo centrado en la recuperación de la salud financiera de la empresa.
Bajo este marco normativo más reciente, las empresas y cooperativas que enfrenten dificultades de liquidez durante seis meses tienen ahora una vía legal para solicitar la rehabilitación. Este proceso permite a los empresarios reestructurar sus deudas y acceder a nuevo capital bajo supervisión judicial, siempre que presenten un plan de recuperación creíble para los acreedores. Este cambio es fundamental para mantener la continuidad de la cadena de suministro y evitar la pérdida del valor de los activos que suele ocurrir en los procesos de liquidación convencionales.
Los profesionales del derecho y observadores económicos acogieron con agrado el mecanismo de intervención temprana ofrecido. Este enfoque permite que los activos empresariales, como la maquinaria y la infraestructura fabril, sigan funcionando como una unidad de producción integrada de alto valor, en lugar de venderse por separado, lo que reduciría su valor económico. Esto se alinea con las mejores prácticas internacionales, donde la recuperación empresarial se considera un indicador de la competitividad y estabilidad de la inversión de un país.
La jueza del Tribunal Popular de la Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thi Thuy Dung, enfatizó que este cambio refleja el espíritu de humanismo en el derecho económico. La quiebra ya no se considera un procedimiento para eliminar empresas, sino una oportunidad para que las compañías se reorienten y renazcan. Con el apoyo de administradores concursales y mediadores competentes, se espera que este proceso equilibre la protección de los derechos de los acreedores al tiempo que garantiza la sostenibilidad operativa futura de las empresas.
Esta medida sitúa a los actores empresariales en el centro del ecosistema económico, donde la estabilidad laboral y la confianza de los inversores se convierten en prioridades principales. Al alinear las regulaciones nacionales con los estándares globales, se espera que el entorno empresarial nacional sea más transparente, moderno y resiliente frente a los desafíos de futuras crisis.
